Expedientes a orquestas y coros

Los tiempos nunca han sido fáciles para la lírica y mucho menos si ésta se halla en manos privadas como las asociaciones de amigos de la ópera, que proliferaron por España y gracias a las cuales pudo sobrevivir el género en muchas ciudades. Las dificultades para funcionar, que siempre han sido enormes, han aumentado con las nuevas exigencias fiscales y laborales. Algunas se han transformado en fundaciones para agilizar su funcionamiento. Uno de los elementos líricos más afectados son los coros, aunque también algunas orquestas.

Los coros siempre han bordeado la línea roja de la legislación laboral. Algunos mantienen su carácter de “aficionados”, sin remuneraciones por en medio; otros logran, ya en el filo, algunas becas para los miembros que estén estudiando y otros son absolutamente profesionales y cumplen con todas las leyes. En medio hay coros que han ido evolucionando poco a poco desde estructuras poco legales para adaptarse a unas legislaciones que en España son enormemente variables. Habitualmente las administraciones no se fijaban en ellas porque los dineros de la música son escasos, pero cuando salta la liebre, salta con todas sus consecuencias. A veces un simple accidente descubre una falta de cotización al acudir al hospital.

La Seguridad Social ha abierto expediente al Coro de la Ópera de Oviedo por presuntas irregularidades en su contratación. El accidente que sufrió uno de sus miembros ha sido supuestamente la causa de que se descubriese que no estaba cotizando. Desde 2007 venían cobrando por cada ópera en la que actuaban y la Fundación Opera de Oviedo no les daba de alta en la seguridad social amparándose en la figura de “Actividad musical especial”. Al parecer, un miembro que no fue renovado presentó una denuncia antes del inicio de la temporada actual con “Fuenteovejuna”. Defiende en ella que la relación laboral se corresponde con la de asalariado a tiempo parcial y que, en consecuencia, la Fundación debería haber cotizado a la Seguridad Social. La Fundación comunicó al coro el pasado septiembre que la propia inspectora les había dado de alta de oficio con fecha enero de 2018. Durante la actual temporada ya se les ha aplicado una retención, además de abonar la parte que corresponde al empleador. El teatro ha aclarado que la Tesorería General procederá próximamente a anular el alta realizada por la inspección y espera salir airoso del asunto tal y como sucedió en el caso de la Orquesta del Vallés.

El pasado diciembre, el hasta entonces presidente de la Fundación dimitió de su cargo. A los pocos días también dejó el suyo el director artístico. Muy poco antes de ser conocidos publicamente  estos hechos. El Patronato fue supuestamente informado de la situación en enero. La repercusión económica podría ser muy importante para la Fundación, en caso que hubiese de abonar las cotizaciones desde 2015 y adicionalmente pagar una sanción. Sus 2,5 millones de presupuesto para programar cinco títulos no dejan margen. También podría repercutir en los propios coristas, no sólo por las retenciones no practicadas, sino por haber estado recibiendo ayudas en situación de alta laboral. Un auténtico enredo.

Hay algunos casos más de entidades musicales con problemas. La ORCAM, a causa de otra denuncia de miembros de la orquesta, ha de abordar un problema de compatibilidad entre la enseñanza en conservatorios y la pertenencia a la plantilla. El tema le costó el cargo a su gerente.

España padece un enorme problema legislativo por la avalancha de cambios continuos. Basta mirar una ley para ver las llamadas a las modificaciones que sobre ella actúan a lo largo del tiempo. Sin embargo, las administraciones fiscales y laborales suelen ser bastante poco comprensivas con situaciones como las descritas. ¡Hay tantas cosas que cambiar en la legislación, eso sí con cabeza,  antes que colchones! Gonzalo Alonso