quiere expresar su más profunda preocupación por los problemas presupuestarios y económicos que afectan al sistema público de exhibición escénica y que, substancialmente, condicionan la sostenibilidad de las compañías de danza y teatro de nuestro país.
Los continuos recortes en materia de cultura y las manifestaciones que, durante los últimos meses, se han sucedido en medios de comunicación nos invitan a reflexionar sobre un escenario que demanda políticas activas responsables y la unión solidaria de cuantos actores intervienen en el sector productivo de las artes escénicas.

1. Somos conscientes de que la crisis económica, las dificultades presupuestarias y la ―a veces― inadecuada definición de nuestro régimen jurídico y económico pone en cuestión la viabilidad del actual modelo de exhibición y convierte a los teatros públicos en estructuras particularmente vulnerables. Especialmente graves, por su impacto en el tejido empresarial y productivo, son las dificultades que afrontan algunas administraciones locales para hacer frente a la deuda contraída con empresas proveedoras de servicios. Este hecho no es ajeno al ámbito de los servicios culturales, como tampoco lo es respecto a las representaciones de artes escénicas y musicales contratadas por los entes locales con compañías, artistas y distribuidores.

2. La Red ha advertido con anterioridad de la escasa autonomía de gestión con la que operan los teatros y auditorios públicos. Su dependencia de voluntades políticas y de modelos administrativos poco flexibles impide a nuestras estructuras acometer reformas y estrategias que garanticen mayores niveles de eficacia y eficiencia en su funcionamiento. Ante esta situación, La Red ha promovido foros de debate y análisis para identificar las fórmulas jurídicas que permitan a los teatros públicos implantar procedimientos económicos y administrativos más ágiles. Los deseables procesos de transformación jurídica que deben acometer algunos teatros solo serán posibles con voluntad política y bajo el principio de que los poderes públicos deben tutelar y garantizar el acceso universal a la cultura.

3. Los teatros públicos, bajo un ejercicio de responsabilidad, actúan con la convicción de que las artes escénicas son un bien de interés general cuya accesibilidad en igualdad de condiciones debe garantizarse para el conjunto de la ciudadanía. En base a esto, los indicadores económicos deben servirnos como instrumento y apoyo en el desarrollo de estrategias innovadoras, competitivas y productivas. La gran mayoría de los teatros públicos está implementando, a gran velocidad, respuestas que intentan paliar sus problemas financieros y presupuestarios, asociados también a los que viven sus entidades locales. Al mismo tiempo, se están diseñando proyectos de futuro que no encorseten la actividad de exhibición escénica únicamente a las aportaciones de fondos públicos. En cualquier caso, la presencia de lo público en las artes escénicas es imprescindible para garantizar su diversidad y calidad.

4. Algunas voces han querido asociar los problemas de morosidad a los de un modelo de exhibición. Un gran número de los espacios asociados a La Red se hallan al corriente de sus pagos y los realizan en plazos que no exceden los 60 días tras las representaciones contratadas. El cierre de los teatros o la privatización de su gestión son dos escenarios que no deben afrontarse con falsas recetas fáciles. Debemos agotar otras posibilidades que maximicen la flexibilidad, rentabilidad y eficiencia de la gestión de los teatros sin extraer la misma del ámbito público o abordando, cuando se den las condiciones más favorables, fórmulas mixtas de colaboración con el sector privado.

5. Más del 75% de los espacios escénicos asociados a La Red son de titularidad municipal y operan bajo la gestión directa de una Administración Pública Territorial o de Entidades Públicas Dependientes de las mismas (Organismos Autónomos y Consorcios Públicos). Por tanto, comparten los actuales problemas financieros de la administración local y se hallan sujetos a un determinado régimen de supervisión financiera. En este sentido, el Procedimiento de Ejecución de los Gastos Públicos (ADOP) y la normativa sobre contratos (Ley de Contratos del Servicio Público) conllevan procedimientos burocráticos poco ágiles y siempre ligados a la intervención general. Por otra parte, la rigidez de la normativa presupuestaria y contable de las administraciones locales condiciona la gestión de un significativo número de teatros públicos. Su modelo de gestión de tesorería, que debe servir al principio de unidad de caja, ha demostrado ser insuficiente para hacer frente a una crisis que ha restado actividad a los teatros y volumen de trabajo a las compañías.

Determinadas experiencias, desarrolladas con el acuerdo de programadores, responsables políticos e interventores municipales, han demostrado que existen fórmulas para acortar la formalización de pagos si los teatros se gestionan mediante otro tipo de figuras jurídicas.

6. El actual sistema de exhibición teatral público ha garantizado la vertebración territorial en materia de cultura. Asimismo, ha conformado una red que ha dado cobertura a la producción escénica y musical de un significativo número de compañías periféricas, radicadas en comunidades autónomas y provincias alejadas de los tradicionales centros políticos y económicos del país. De los recintos escénicos y musicales de nuestro país, más de un 80% lo son de titularidad pública. Su labor ha articulado a un modelo de exhibición teatral que ha contribuido decisivamente a la democratización cultural del país, facilitando el acceso a la cultura a millones de ciudadanos.

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2000 e integrada por 141 socios, de los cuales 14 son circuitos y redes de artes escénicas, que en su conjunto suman alrededor de 700 espacios escénicos. También participan el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). La Red es la principal entidad asociativa de las salas de titularidad pública del país y tiene entre sus objetivos principales la creación y formación de espectadores en el ámbito de las artes escénicas y garantizar la calidad y estabilidad en la programación de los teatros y auditorios públicos.