De engaños y verdades
Las encuestas sobre los posibles resultados de las próximas elecciones ponen nervioso al candidato Rubalcaba hasta el punto de hacerle perder los papeles. Podría analizar sus recientes declaraciones en Cataluña –“No puede volver a pasar que el pueblo vote y el Tribunal Constitucional modifique posteriormente esa norma”- que vienen a expresar que la voluntad popular se halla por encima del poder judicial. Por las mismas sería válido cualquier referéndum secesionista en cualquier parte de España. Bastaría que la voluntad popular lo desease y su resultado sería obligatorio. Hay veces que los políticos no saben lo que dicen… o lo saben demasiado bien.
Pero centrémonos en el tema impositivo. Tiene toda la razón Rajoy cuando exige a Rubalcaba que no engañe –deberíamos recordar “España merece un gobierno que no mienta”- al hablar de todo lo que va a hacer con los fondos que aporte el resucitado impuesto de patrimonio, ya que no dependerá de él sino de las comunidades autónomas a quienes está cedido. Pero Rubalcaba no se achanta y replica que, por ejemplo, con ese dinero habría para contratar a 25.000 docentes y se acabarían las protestas en la calle. En estas afirmaciones se refleja el espíritu derrochador que ha compartido con los gobiernos de Zapatero a los que ha pertenecido. ¿Hacen falta realmente esos 25.000 docentes? No se trata de buscar más dinero de ricos o pobres para seguir derrochándolo sino de, ante todo, administrar mejor. Los más pudientes –la palabra “rico” sólo sirve para provocar- pueden estar dispuestos a pagar más a cambio de ver clara la finalidad, con un sensato proyecto de gobierno a medio plazo, pero nunca para seguir con una pésima administración de derroche. De otro lado ¿a qué viene que el ministro Blanco tache de “comunidades rebeldes” a las que no quieran aplicar el impuesto o, habiéndolo bonificado al 100% con anterioridad, no deseen reintroducirlo si precisamente se encuentra en las facultades de éstas, a quienes está destinado, el modificar las exenciones?
Los partidos políticos minoritarios con sentido común están aún a tiempo de rechazar la reintroducción de un impuesto de patrimonio que, con los tipos actuales, llega a resultar confiscatorio. Un funcionario jubilado que viviese de la pensión y tuviese un inmueble en Serrano heredado de 700.000€ de valor catastral actual y una segunda vivienda vacacional de 300.000€ habría de pagar por tres conceptos sólo por poseer dichos inmuebles: ibi, irpf imputado y patrimonio. Entre los tres se llevarían el 60% de su jubilación de 2.000€ mensuales y para pagar esos impuestos no tendría más remedio que vender. Pero es que no se puede pedir a quien tiene diez millones de euros depositados en un banco al 3% que pague el 21% de su rendimiento en concepto de irpf y el 2,5% de su totalidad en concepto de patrimonio. Se tratará de una fortuna importante, pero ello no puede ser motivo para el expolio. ¿Tiene sentido que haya de tributar quien tenga un millón de euros en acciones del Banco de Santander y no lo haga Botín, que tiene cientos de millones, por tener más del 5% de las acciones del banco? El impuesto no sirve por injusto. ¿Qué harían ustedes si fuesen alguno de los dos anteriores? Sin duda tratar de no pagar. Lo hará, con toda la razón, quien pueda trasladar sus fondos a un saco “no fiscal”, que los hay. Ese ahorro puede desaparecer de la circulación y, no lo olvidemos, la inversión que es precisa para crecer sólo sale del ahorro. Mal camino el desincentivar éste y que choca con el objetivo del proyecto Rubik, por el que se persigue la repatriación de los fondos depositados en Suiza por residentes de otros países. El regreso a España de los fondos de residentes españoles depositados en Suiza supondría una fuente de recursos inmensamente más importante que los mil millones que se prevé recaudar con el impuesto de patrimonio.
Mayoritariamente se confunden los impuestos para grandes fortunas que se están tratando de reintroducir en algunos países con el del patrimonio español. Aquellos gravan lo que se gana por encima de una cantidad, yendo en la línea del irpf, mientras que el nuestro grava lo que se posee que ya ha tributado cuando se generó y además también puede haber pagado otros impuestos varios como quizá sucesiones, trasmisiones patrimoniales, etc. En Noruega, donde existe un tributo parecido al español, el tipo máximo es del 0,4%. Bien diferente es pagar por lo que se gana que por lo que se tiene. Un 2% en lo que se tiene puede equivaler a un 25% en lo que se gana. También se evade explicar al ciudadano que quienes más ganan pagan ahora en irpf un 50% de sus ingresos, habiéndoseles subido el tipo recientemente y, con la reintroducción del patrimonio, pueden llegar a pagar el 60% de sus ingresos. Un dato: en España el 5% de los declarantes de mayor renta soporta el 40% de la carga fiscal del irpf, mientras que el 50% de menor renta sólo soporta un 7%. Demasiado esfuerzo fiscal para el derroche administrativo existente y demasiada progresividad comparada con la existente en nuestro entorno. La realidad es que ya no hay margen para incrementar la fiscalidad directa al ciudadano. Quedan simplemente iva, sociedades e impuestos especiales.
Pero el enfrentamiento entre ricos y pobres, entre catalanes y no catalanes, hay a quien le conviene electoralmente. Como hace cuatro años dijo Zapatero a Iñaki Gabilondo: “Tensionar viene bien”, aunque se vuelva a la división entre los españoles. Todo lo demás sobre la recuperación del impuesto del patrimonio sólo es demagogia.
Gonzalo Alonso
Profesor de Economía de la UPM

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