Palau de La Música de Valencia

¡Demasiadas casualidades!

El incendio del Oceanogràfic ayer; el techo de la Sala Rodrigo y la cubierta de la Sala Iturbi en el Palau de la Música anteayer casi; la  plataforma escénica, las inundaciones y el trencadís que recubre el Palau de les Arts antes; el achicharramiento del Liceu en enero de 1994; el accidente escénico en el Teatro Maestranza en agosto de 1992, el fuego provocado del Auditorio Manuel de Falla de Granada de 1986… ¡Demasiadas casualidades para atribuir al azar tanto fuego, tanto desastre y tanto derrumbe! Los últimos desplomes en las dos principales salas del Palau de la Música y el siniestro ayer mismo de una torre del Oceanogràfic reflejan la poca atención que sus sucesivos gestores han prestado a un tema tan fundamental pero tan poco reglado como es el mantenimiento imprescindible que requiere cualquier edificio público o privado.

Las inspecciones, cómplices tradicionalmente con la cosa pública, han sido siempre generosas y hasta han hecho con frecuencia irresponsable “vista gorda” con su permisiva tolerancia ante las instituciones públicas de las que ellas mismas forman parte. Incontables son los casos en que teatros y auditorios españoles han comenzado a funcionar sin disponer de las imprescindibles y obligatorias inspecciones, aprobaciones y licencias que sí se exigen a cualquier particular. Incluso sin cumplir normas básicas de evacuación, sanitarias o medidas contra incendios y similares.

La irresponsabilidad no es, por tanto, únicamente de los gestores, sino, sobre todo, de una Administración que, llevada por viejas inercias, ha desatendido una y otra vez su obligación de velar por la seguridad y el correcto mantenimiento de los edificios públicos y de sus moradores. No es cosa de ponerse ahora tan quisquillosos como en países modélicos en este sentido –en Suiza, por ejemplo, cualquier edificio público o privado de nueva construcción está obligado a contar con un refugio antinuclear-, pero sí de exigir que se extremen los controles y revisiones de cualquier centro público. Si cualquier hijo de vecino está obligado a pasar las revisiones periódicos de su vehículo y soportar para ello largas y tediosas colas en las lucrativas estaciones de la ITV además de abonar sus buenos euros, ¡cómo no van a ser los teatros y auditorios objeto de severos controles periódicos de sus cada día más envejecidas instalaciones!

A tan grave y peligrosa irresponsabilidad de las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad de sus ciudadanos se suma la falta de sensibilidad en este sentido de los propios gestores culturales. Parece como si el tema –costoso- del mantenimiento no fuera con ellos. Sustraer dinero de la programación y del día a día para destinarlo a mantenimiento del edificio es poco rentable desde el punto de vista de la “apariencia” de lo que se hace. Se cae en la dinámica irresponsable de “si mi antecesor no lo ha hecho, pues que lo haga el que me suceda en el puesto”. Un escurrir el bulto, un “juego de la escoba” que conduce a que al final nadie coja por los cuernos el tema grave, imprescindible e ineludible del mantenimiento del teatro o auditorio del que se es responsable. Así pasan las cosas que han pasado, pasan y, si nadie lo remedia, desgraciadamente seguirán pasando en un país cuyo deslumbrante proceso de modernización de las últimas cuatro décadas hace aguas, sin embargo, en la trastienda de lo que no se ve, de lo que no “luce”, de lo que no da votos.

La formidable y por todos admirada infraestructura de auditorios y teatros creada en la España de los noventa ha envejecido. Requiere, por ello, un mantenimiento y control constantes. Igual que cualquier persona de cierta edad tiene que someterse a periódicos chequeos médicos, también esos frecuentados espacios han de pasar inspecciones rigurosas que, más que atender la simple rutina de sello y firma, sean verdadera garantía de que lo inspeccionado esté realmente en condiciones de cumplir su cometido sin poner en riesgo la seguridad de nadie, además de apuntalar la longevidad del propio edificio.

Ante los reiterados accidentes ocurridos en los dos más emblemáticos centros culturales de la Comunitat Valenciana –el Palau de la Música y el Palau de les Arts-, hoy es fácil apuntar con el dedo acusador a tal o cuál rector, directivo o político. Pero las razones de estos  lamentables y evitables percances –que, por fortuna, en València no han acarreado (todavía) víctimas mortales- se arraigan en la falta de “cultura de la prevención” de una sociedad a la que aún le queda mucho por madurar en este sentido. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que el Palau de les Arts abriera sus puertas al público el 8 de octubre de 2005 sin siquiera contar con la imprescindible licencia de apertura ni haber pasado ninguna exhaustiva inspección técnica de seguridad? Justo Romero

Publicado el 10 de julio en el diario LEVANTE