El Palau de les Arts al año del registro

En estos días se puede disfrutar de la ópera “Macbeth” de Verdi en el Palau de les Arts, con Plácido Domingo como protagonista, un reparto sólido, una sabia y teatral puesta en escena y una vivaz dirección musical que cuenta con una orquesta y un coro excepcionales. El espectáculo aún proviene de la factoría “Helga Schmidt”, aunque con algunas variaciones, y refleja con bastante fidelidad un periodo que parece cerrado a los nueve años de empezar la programación operística en Valencia. La producción no es la planificada por la ex intendente, pero el tenor madrileño la recomendó con especial agrado y con razón. El conjunto muestra importantísimas virtudes de aquel periodo: calidad y apuesta por artistas desconocidos una vez que desapareció la abundancia. Pero no es de temas artísticos de lo que hoy hablaremos sino de judiciales, ya que va a cumplirse un año de una escena que sobrepasó todo lo imaginable: el registro del teatro el pasado enero con decenas de furgones e incluso helicópteros. Parecía que allí se había cometido un delito de enormes proporciones, sin embargo el tiempo está poniendo las cosas en su sitio con una rebaja sustancial en las calificaciones.

Todo empezó realmente en junio de 2014 con una serie de artículos en prensa local que, por razones imaginables, atacaron insistentemente al Palau de les Arts y a su intendente. La motivación era presumiblemente política contra el PP y no importó que pagasen justos por pecadores. La entonces consejera de cultura, María José Catalá, enfrentada siempre a una Schmidt que nunca se doblegó a sus deseos tuvo, presuntamente, un papel clave en el asunto y hay quienes sostienen que la filtración del denominado “Informe Diógenes” –todo un panfleto- fue una forma de desviar la atención de otro asunto más serio ajeno al teatro. Así aparecieron titulares como “La conexión entre el Palau de Les Arts y la financiación ‘ilegal’ del PP”, “Saqueo en la ópera de Valencia: la gerente cobró 508.000 € en comisiones”, “Detenida la intendente del Palau de les Arts tras 12 horas de registros por el cobro de comisiones ilegales” y, en fin, se llegó a publicar el titular “Doña Helga S.A.”. Posiblemente la prensa alentó decisiones judiciales precipitadas que se materializaron en aquella desproporcionada actuación, durante la cual casi acaba durmiendo en una celda la entonces intendente, a quien levantaron de la cama de su hotel donde se recuperaba de una grave lesión pulmonar. En toda la prensa internacional apareció la noticia de la detención de Helga Schmidt, cuando en realidad fue simplemente retenida. Su prestigio, ganado a pulso tras muchos años de carrera se vino abajo. Se le requisó el pasaporte, se le obligó a firmar en comisaría cada dos semanas y apenas pudo proseguir su tratamiento de quimioterapia. Ha pasado casi un año, el juez inicial solicitó la baja y han venido otros dos después, se han empezado a abrir las cajas de documentación incautada, parece claro que la intendente no tenía sociedad alguna y nadie ha podido encontrar que ella cobrase comisiones indebidas.

Sin embargo sigue imputada -ahora se dice investigada- porque la justicia es lenta y la justicia lenta no es justicia. Otro juicio si tendrá lugar: el que corresponde a la querella criminal que ella presentó por lesiones a su honor y reputación contra el periodista y el diario que insistentemente publicó informaciones que bien podían interpretarse como acusaciones. El día 21 habrá de declarar el medio ante el juez. Curiosamente su director ha sido cesado este mismo mes.

Bien podría ser que el medio en cuestión se viese obligado a indemnizar a Helga Schmidt, pero ¿realmente hay dinero que pague el daño personal causado en su prestigio internacional? Gonzalo Alonso