Fracasó la unión de Real y Zarzuela y ahora, ¿qué?

Se evitó el incendio y el pez grande no se comió al chico. Estaban claras varias cosas. La idea podía no ser mala, pero el procedimiento no pudo ser peor. El nuevo Gobierno no estaba dispuesto a empezar su andadura con este problema. No lo estaba Huerta ni lo está Guirao, entre otras cosas porque tampoco lo está la vicepresidenta Carmen Calvo, presidenta años atrás de la Fundación Teatro Lírico. Por no estar quizá no lo estuviese Pedro Sánchez, cuyo padre fue gerente del INAEM en tiempos de Carmen Alborch y tuvo que ordenar la clasificación de los archivos de la Zarzuela ante la entonces también frustrada unión. Las dos veces se actuó mal.

Al margen de muchos aspectos discutibles -prisa y oscurantismo- había una razón muy poderosa: Administraciones Públicas no autorizaba el cambio laboral de los trabajadores de la Zarzuela. Ese cambio lleva tiempo. Además, el célebre Decreto Ley era de legalidad cuestionable al no existir el documento previo de la Intervención General de la Administración del Estado. Todo era, para ser claros, una enorme chapuza con algunas ambiciones -digámoslo así- descontroladas. Lo vi claro desde un principio y así lo manifesté en varios artículos. También lo vio Fernando Benzo, el anterior secretario de Estado de Cultura, quien nada más aparecer uno de ellos, un sábado en La Razón, con mis condiciones para que el proceso fuese filosóficamente posible, me llamó a las 9 de la mañana para comunicarme que todas y cada una de aquellas exigencias serían contempladas en el Decreto Ley a redactar. Así fue.

Pero no bastaba la filosofía, porque también era imprescindible la resolución de cuestiones administrativas. Éstas, la insistencia de los trabajadores de la Zarzuela, la posesión de la razón y las pocas ganas de la nueva Administración de empezar con un lío en cultura han paralizado el proceso. Finalmente, el Decreto Ley será derogado.

La pregunta es “Y, ahora, ¿qué?”. No voy a profundizar en lo que podría ser la reacción en el Teatro Real, que veremos cómo resuelve el nombramiento por cinco años del presidente del patronato de una nueva fundación aún no inscrita y la propia disolución de esta misma. ¿Cómo se pudo obrar con tanta precipitación?

Sí entro -y para ayudar- en lo que parece prometer el ministro Guirao, que ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para lograr mejorar la gestión del INAEM, adaptarlo a la naturaleza de sus actividades y potenciar su labor de difusión nacional e internacional de sus actividades. El asunto no es difícil, máxime cuando Montserrat Iglesias, su directora, conoce muy bien la problemática de sus unidades y ha ayudado con éxito a limarlas en el día a día junto con los interventores. Bien lo saben y así lo han atestiguado los directores del CNDM, la Zarzuela y la OCNE. Guirao tiene en ella una gestora eficaz para emprender el camino de una mayor independencia que elimine las trabas diarias en unas actividades que nada tienen que ver con las de los organismos estatales e incluso no les fuese de aplicación la nueva Ley de Contratación General del Estado, absolutamente perniciosa para estas unidades. Sin duda ello generará cambios laborales, que sindicatos y Administraciones Públicas habrán de pactar con buen juicio. Ya era hora de dotar de mayor autonomía a algunas unidades. Tomás Marco se quejó cuando era gerente de la OCNE, pero no pudo remediarlo cuando dirigió el INAEM. Quizá el proyecto fallido de Gregorio Marañón haya sido muy útil para finalmente abrir los ojos. Como siempre, no hay mal que por bien no venga. Gonzalo Alonso